Organizaciones acusan recurrencia de arbitrariedades en detenciones por parte de corporaciones de Policía.
Agrupaciones de abogados denunciaron que seis de cada diez detenciones realizadas por la Policía estatal y agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) presuntamente son arbitrarias y con la “siembra” de evidencias, particularmente de drogas como el fentanilo, para que los jueces apliquen automáticamente la prisión preventiva a los supuestos y etiquetados como “generadores de violencia”.
La denuncia surgió a partir de la detención del joven abogado identificado como Froylán “N”, quien el pasado viernes 10 de abril acudió al llamado del dueño de un autolavado que se ubica en Calzada de los Reyes, en la colonia Rancho Tetela de Cuernavaca, donde fue asesinado Óscar Antonio Gómez Sierra, alias “El Negro”, que acababa de ser liberado tras cumplir una breve condena por el asesinato del estudiante Israel Hernández, ocurrido en 2017 en el extinto bar “Attico”.
El empresario urgió el asesoramiento legal del abogado porque los policías estatales y de la Agencia de Investigación Criminal querían asegurar y llevarse todos los vehículos que estaban en servicio de lavado en el momento del homicidio.
De acuerdo con un video difundido en redes sociales, mientras el litigante esperaba recargado en una barda para ser atendido por algún jefe policial, repentinamente él y otras personas fueron rodeados por varios policías estatales y de la FGE, quienes lo despojaron de su mariconera.
En las imágenes se observa cuando un elemento introduce algo en la bolsa, que resultó ser una pistola y una pastilla de fentanilo, con el propósito de incriminarlo e imputarlo por los presuntos delitos de portación ilegal de arma de fuego y posesión de narcóticos.
Tras la difusión de este video, abogados penalistas fustigaron la actuación policial y llamaron tanto a la gobernadora Margarita González Saravia, como al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, a vigilar a las corporaciones policiacas y frenar estas prácticas arbitrarias, que ponen en riesgo el estado de derecho y violentan los derechos humanos de la población.
“No estamos aquí porque se trate de un abogado; puede ser cualquiera de ustedes, sus hijos, su familia… Si alguien la hizo, que la pague, pero no ‘sembrándole’ evidencias. Si nosotros no levantamos la voz como gremio estaríamos consintiendo esas cosas. Hemos sido muy pasivos, respetuosos incluso, pero ya basta; a este joven lo tienen que liberar mañana porque ahí están las pruebas”, dijo el jurista y especialista en materia penal Cipriano Sotelo Salgado.
Resaltó que la denuncia pública no pretende demeritar o beneficiar a alguien en especial, sino pedir el respeto del estado de derecho, “que es lo que nos permite respetarnos mutuamente y gozar de libertades”.
Por su parte, el abogado Enrique Paredes Sotelo recalcó que las autoridades estatales se quejan de la llamada “puerta giratoria” (que se refiere a la detención y pronta liberación de presuntos criminales), pero infortunadamente los policías realizan detenciones falseando datos en el informe policial homologado y los abogados han sido eficaces en demostrar los atropellos que cometen las corporaciones policiales.
Destacó que la práctica de la defensa legal tiene sus riesgos, pero los “abogados no podemos ser rehenes ni podemos ser cobardes a la hora de hacer nuestro trabajo; si nos mandan a llamar a un caso, tenemos que acudir, y lo que ocurrió a este joven, que se acerca valientemente a atender un caso y lo detienen de forma injusta”.
Otro de los abogados penalistas, Cristian Fragoso Velázquez, puso sobre la mesa una estadística: cuando menos seis de cada diez detenciones se realizan con la “siembra” de pruebas y droga, especialmente fentanilo, al menos pastilla.
Desveló que se ha convertido en un modus operandi de las Policías introducir por lo menos una dosis de fentanilo entre las pertenencias de los detenidos por la simple razón jurídica de que los jueces, en estos casos, por ley están obligados a dictar la prisión preventiva oficiosa
Explicó que la detención arbitraria del joven colega no es un caso aislado y se ha vuelto muy común, tanto a nivel federal como estatal, la fabricación de pruebas bajo este esquema de actuación.
Asimismo, agregó que en muchos casos las personas que logran demostrar su inocencia y que fueron inculpadas a través de pruebas falsas o “sembradas” enfrentan dificultades para denunciar las arbitrariedades policiacas, ya que la legislación es ambigua y no existen mecanismos jurídicos eficaces para sancionar las malas prácticas ni las violaciones a los derechos humanos.
Por ello instó a los Poderes legislativos –federal y estatal– a analizar lo que ocurre para mejorar las leyes y capacitar de verdad a los cuerpos policiales.
Por lo pronto, los abogados manifestaron su solidaridad a su colega, quien tiene como representante a un defensor de oficio, y expresaron su total disposición de sumarse a su defensa jurídica ante el atropello que quedó grabado y exhibido en un video.
