La reforma electoral hace necesaria la “reingeniería” financiera en el Legislativo estatal, con impacto principal en el gasto corriente y operativo, incluido el salario de los diputados; los cambios deberán concretarse en la siguiente Legislatura, afirma el presidente del Congreso.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, confirmó que la próxima Legislatura tendrá que realizar ajustes financieros importantes como consecuencia de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El legislador explicó que uno de los principales retos será llevar a cabo una reingeniería financiera del Poder Legislativo, debido a la carga económica que representan jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales y contratos colectivos, que actualmente superan los 300 millones de pesos.
En ese sentido, señaló que de concretarse la creación de un Instituto de Pensiones, esta carga podría trasladarse a este organismo, lo que aliviaría parcialmente las finanzas del Congreso. No obstante, advirtió que aun con este cambio, la siguiente Legislatura deberá implementar ajustes para mantener el equilibrio económico.
Pimentel Mejía aseguró que la actual Legislatura trabaja para entregar finanzas sanas, destacando que hasta el momento no existen pasivos ni adeudos pendientes, lo que permitirá una transición ordenada.
Respecto a posibles recortes, indicó que estos tendrían que centrarse principalmente en el gasto operativo, como la nómina, el personal de confianza, las secretarías técnicas e incluso el salario de los propios diputados, como parte de una revisión integral del funcionamiento del Congreso.
“Es un tema de operación interna. Tendrá que revisarse el gasto corriente, la funcionalidad del Congreso y, en su caso, hacer ajustes responsables para garantizar la viabilidad financiera”, sostuvo.
Sobre la creación del Instituto de Pensiones, el diputado puntualizó que la intención es que la iniciativa sea aprobada antes de que concluya el actual periodo legislativo, es decir, antes de finalizar junio, y para ello están a la espera de que el Ejecutivo estatal envíe formalmente la propuesta.
Agregó que de acuerdo con la información disponible, la iniciativa podría llegar ya consensuada, luego de mesas de diálogo con sindicatos de los tres órdenes de gobierno, lo que facilitaría su aprobación sin modificaciones.
“Se busca que sea una iniciativa trabajada con los sindicatos, para garantizar estabilidad social y respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores”, expresó.
Asimismo, descartó que exista riesgo de conflicto social por este tema, al señalar que los sindicatos han sido incluidos en el proceso de diálogo con el Ejecutivo.
