Algunos de los asuntos que abordarán los legisladores en el ejercicio de rendición de cuentas son el rezago en carpetas de investigación iniciadas en otras administraciones, la demora para crear la Fiscalía Especializada contra la Tortura y casos de presuntas desapariciones.
El desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE) será sometido a revisión en el Congreso de Morelos, donde el análisis del informe de actividades y la próxima comparecencia de su titular definirán el posicionamiento de los legisladores frente a los resultados en materia de procuración de justicia.
Tras la entrega formal del documento, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, informó que los diputados llevarán a cabo una revisión detallada antes de fijar una postura oficial y establecer la fecha en que el fiscal, Fernando Blumenkron Escobar, acudirá al Pleno.
El legislador enfatizó que uno de los principales ejes del análisis será el rezago en las carpetas de investigación heredadas de administraciones anteriores, con el propósito de conocer avances concretos, alcances reales y el estado actual de los casos.
“Se tiene que revisar con claridad qué se ha hecho con los expedientes del pasado, particularmente aquellos vinculados con exfiscales, y evaluar si hay resultados tangibles en la procuración de justicia”, expresó.
Indicó que la revisión legislativa no se limitará a un solo rubro, sino que será integral, abarcando indicadores de desempeño, resultados operativos y la atención a los distintos delitos que atiende la institución.
En ese contexto, señaló que aunque existe un pendiente como la creación de la Fiscalía Especializada contra la Tortura, aprobada hace un par de años, el análisis abarcará el funcionamiento completo de la dependencia.
Reyes Reyes manifestó que existe confianza en el perfil del fiscal; sin embargo, recalcó que será el contenido del informe el que permita medir con objetividad los resultados alcanzados.
Sobre casos de alto impacto como Tetelcingo y Jojutla, relacionados con presuntas desapariciones forzadas, sostuvo que las investigaciones deben continuar de oficio por las autoridades competentes, independientemente de las solicitudes del Congreso.
Adelantó que estos temas serán planteados durante la comparecencia, con el objetivo de conocer avances en las indagatorias y evitar que continúe el rezago o la prescripción de delitos.
En materia de presuntos actos de corrupción, el legislador puntualizó que el Congreso no cuenta, hasta ahora, con pruebas formales para iniciar procedimientos, por lo que cualquier acusación deberá sustentarse ante las instancias correspondientes.
“Sin pruebas contundentes no se puede avanzar. Estas deben presentarse ante las autoridades competentes y, posteriormente, llegar al Congreso para que se determinen las acciones conducentes”, concluyó.
