Está privado de sus derechos ciudadanos; Congreso local debe designar al auditor definitivo: Luis Manuel González.
A pesar de su insistencia, Gerardo Casamata Gómez se encuentra impedido legalmente para regresar a ocupar el cargo de auditor superior de Fiscalización, aun cuando asegura haber cumplido la sanción que le fue impuesta por presuntas irregularidades cometidas en su gestión, por lo que en breve el Congreso del Estado deberá tomar la determinación de designar al auditor definitivo.
Lo anterior fue manifestado por Luis Manuel González Velázquez, director general de Fiscalización de la Hacienda Pública estatal, quien, por ley, funge como encargado de despacho de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF). Dijo que con base en el Artículo 90 constitucional, Casamata Gómez se encuentra suspendido en sus derechos ciudadanos y electorales.
“Ya no tiene la calidad ciudadana, ni los derechos civiles, políticos y electorales a salvo; inclusive, hay la comunicación del IEE y de la vocalía ejecutiva (del IFE) de que él está dado de baja de la lista de electores para esta elección. Por eso tampoco logró la pretensión que tenía de ser candidato a alguna postulación por algún partido y tampoco a ser elegible”, agregó.
González Velázquez asegura que Gerardo Casamata está mal asesorado, pues “esa misma situación lo afecta para regresar a la titularidad de la Auditoría Superior. De tal manera que el Congreso, en su momento, que será próximamente, tomará la determinación final de destituirlo y de designar nuevo auditor”, detalló.
Por último, indicó que la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal tiene la función de auditar las dependencias del gobierno del estado; es decir, al Ejecutivo y, como consecuencia, por disposición de la ley, funge como encargada de la Auditoría Superior de Fiscalización, hasta en tanto se designa a un titular.
