Familiares de las personas que permanecen detenidas por la muerte del activista Gustavo Salgado, ocurrida en febrero, dieron a conocer la respuesta que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que pidieran su apoyo para proteger la vida de los cuatro habitantes de la comunidad de El Chivatero, en Ayala.
Durante el proceso legal al que están sujetos, y la del resto de la población, por la tensión que existe al interior por posibles represalias de las autoridades.
En el documento mostrado a los medios por Adelaida Marcelino, familiar directa de los inculpados, la CIDH pide al gobierno de Morelos elaborar un informe sobre las medidas cautelares implementadas para proteger la vida de los integrantes de esta comunidad indígena, y hacerlo en un plazo no mayor a siete días a partir del tres de junio.
Acompañada por su hermana, Adelaida Marcelino consideró que la intervención de la CIDH representa un gran apoyo para seguir pugnando por la liberación de su familia, pues reiteró que el día de las detenciones se cometieron varias agresiones físicas por elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC), y dio a conocer que el auto en el que se centraba parte de la investigación de la Fiscalía General ya fue devuelto, junto con otro automóvil que también fue decomisado.
