Hasta diez años de inhabilitación es el castigo para servidores públicos que obstruyan dichos procesos. Servidores públicos que retrasen o entorpezcan los procedimientos legales en casos de violencia vicaria y sustracción de menores, podrían enfrentar una pena de hasta diez años de inhabilitación para ocupar cargos en los gobiernos estatal y municipales. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la modificación al artículo 213 Nonies del Código Penal para el Estado de Morelos...
