Los Ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estatal han sido condenados por el Tribunal Contencioso Administrativo a pagar cifras millonarias por concepto de indemnizaciones a policías en los últimos tres años, derivado de despidos injustificados y no haber realizado los procedimientos jurídicos administrativos necesarios para el cese de los elementos.