Las multas a quien viole la ley van de seis mil pesos hasta 60 millones.
La “ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares”, tiene como finalidad proteger información de usuarios o clientes de empresas privadas en el país. Como ese una ley de nueva creación (2011) y susceptible de tener ajustes, lo primordial es socializarla y darla a conocer en su espíritu, a los involucrados e interesados en el tema, antes que pensar en sanciones. Así lo consideró Raúl García Moreno, Director General de Sustanciación y Sanción del IFAI (y protección de datos).
Toda aquella información relacionada con una persona física, identificada o identificable, debe ser protegida, y en este sentido, “todos tenemos el derecho y estamos protegidos desde la Constitución y con esta misma ley, para que nuestros datos tengan un tratamiento adecuado y se cumplan ciertos principios para que no se nos generen problemas o daños” detalló el funcionario federal.
En este marco, la finalidad de la ley es que cuando las empresas recaban la información, puede hacerse de manera personal del propio titular, pero tienen que informar qué harán con estos datos y esto se da a través de una figura que prevé la ley que se llama “Aviso de privacidad” donde le informan a la gente qué fin le va a dar a estos datos. Hay diversos mecanismos, pero existe un texto determinado con el aviso de privacidad, que puede ser electrónico, escrito o que esté a la vista de algún documento.
Si las empresas no cumplen con este principio o ley, pueden ser objeto de algún tipo de denuncia y generarse acciones de verificación o inclusive la presentación por parte de la gente o incluso ser sujeto de sanciones, prosiguió García Morenos, pero precisó “lo que nos interesa es que los empresarios conozcan esta ley y no sean omisos y con ello se eviten las multas”.
A la fecha, no ha habido casos de sanción a ninguna empresa, por eso el IFAI está “en etapa de promoción, divulgación y socializar la ley, ofreciendo nuestro apoyo técnico. Pero en caso de que se diera una sanción económica, ésta va de los seis mil 200 pesos, hasta el extremo por 60 millones de pesos”.
