OBTENIDAS EN EL 2006
La ASF detectó irregularidades en el procedimiento de expedición
Concesionarios de taxis aseguraron no tener miedo ante los resultados de la revisión que llevó a cabo la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), que señalan como irregular el proceso de entrega de concesiones en el 2006 y tampoco al proceso legal que se lleva a cabo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para verificar la misma expedición de placas.
Líderes de diversas agrupaciones de taxis llevarían a cabo una manifestación este día para exigir operativos contra unidades irregularidades en la zona conurbada, pero la pospusieron para esperar que esta semana se acuerden acciones con la Dirección de Transportes.
Sin embargo, Román Rojas Almaraz afirmó que no cederán y exigirán que se lleven a cabo lo antes posible los operativos de revisión al servicio público y detengan los taxis que operan con placas particulares.
En el caso específico de las unidades de la Unión de la Clase Trabajadora, Rojas Almaraz señaló que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya dio su resolutivo final, y determinó que los vehículos ya no pueden prestar servicio público y que la Dirección de Transportes también ya debe tomar acciones al respecto.
En lo que respecta a los resultados de la Auditoría Superior de Fiscalización, en los que se determina que la entrega de concesiones de taxis durante el 2006 fue irregular, y por tal se debió reponer el proceso en muchos casos, el líder del grupo Fama mencionó que no temen perder sus permisos, sobre todo porque cumplieron con lo que marca la ley.
“Estamos de acuerdo en que se revise el padrón de concesionarios, para que se verifique que todos cumplieron con los requisitos. Y si hubo personas que obtuvieron más de tres concesiones, que se les cancelen. En caso particular sólo nos beneficiamos con una”, comentó Rojas Almaraz, quien fue señalado por el líder de la Uclat, Víctor Mata Alarcón de haber obtenido varios juegos de placas en el 2006.
El líder concesionario agregó que la entrega de concesiones del 2006 no tiene nada que ver con los casos de las unidades “pirata”, y por eso exigen a la Dirección de Transportes que detenga a los vehículos irregulares.
