Se oponen a los castigos por “conducción temeraria” para los choferes del servicio público; piensan echar abajo la modificación al Código Penal.
Concesionarios del servicio público de taxis y rutas advirtieron manifestaciones para los próximos días en contra de la reforma aprobada por el Congreso del Estado, en la que se impusieron sanciones severas para los conductores “temerarios” causantes de accidentes automovilísticos.
Líderes transportistas de diversas agrupaciones del transporte público con y sin itinerario fijo ofrecieron una rueda de prensa ayer miércoles para dar a conocer las acciones que emprenderán, a fin de “echar abajo” la modificación al artículo 238 del Código Penal del Estado de Morelos.
Dagoberto Rivera Jaimes, dirigente de la Federación Auténtica del Transporte, afirmó que no existen cifras alarmantes que indiquen que la forma de conducir de los transportistas es “temeraria” o pone en riesgo a la ciudadanía, como hicieron ver los legisladores, por lo que adelantó que se sumarán todos los transportistas para ampararse ante la legislación.
“Nosotros creemos que al menos en las ciudades que confluyen como Jojutla, Cuernavaca no es tan alarmante. Yo creo que estadísticamente pediremos a las direcciones de Tránsito que nos informen cuál es la incidencia por hechos de tránsito y dónde salen personas lesionadas y lo vamos a presentar y lo vamos hacer públicos y los vamos a llevar a los burros diputados para que vean que no hicieron la chamba. Es una ocurrencia que tuvo el diputado Julio Espín y con ánimos de ser protagonista saca leyes que tendrán que dar marcha atrás”, manifestó Rivera Jaimes.
Adelantó que las movilizaciones se llevarán a cabo en Cuernavaca a partir de la próxima semana, a fin de que los diputados conozcan su inconformidad y que el gobierno del estado les respalde en su juicio de amparo para lograr que se revoque la reforma, ya que fue publicada el pasado 01 de septiembre.
Cabe recordar que la reforma al artículo 238 del Código Penal para el Estado de Morelos contempla sanciones para transportistas que por conducir imprudentemente provoquen un accidente, como la suspensión del derecho a conducir un vehículo hasta por seis años y trabajo en favor de la comunidad por 360 días.
Para los ciudadanos que no presten servicio público de transporte, las sanciones aplicables son de la mitad de las impuestas a los transportistas, es decir, de 3 años la suspensión del permiso para conducir y 180 días de trabajo en favor de la comunidad.
