Más de dos mil 500 personas que se ganaron el derecho constitucional a recibir una jubilación luego de determinados años de servicio en la estructura burocrática de la entidad tienen años a la espera de que el Congreso local autorice esa prestación. El G-15 ha hecho que todos esos trabajadores que esperan vean como pasa el tiempo mientras siguen ignorados, excepto aquellos con posibilidades para recurrir a la justicia federal. Para colmo, la situación se ha prestado para que los encargados del tema pongan tarifas...
