Pasarán largos meses antes de que los resultados de las elecciones del 7 de junio queden firmes. Los recursos interpuestos por aquellos que se sienten afectados por los resultados del proceso impiden dar certeza a la voluntad ciudadana.
Mientras, se deja de lado uno de los puntos principales que deberían abordarse: la responsabilidad que deberían afrontar las autoridades salientes por los excesos en que incurrieron y las torpes decisiones que adoptaron y que han afectado el patrimonio público.
Los próximos alcaldes de Ayuntamientos que arrastran graves pasivos laborales enfrentarán de inmediato la amenaza de destitución.
Simplemente el próximo alcalde de Emiliano Zapata dispondrá de diez días a partir de que asuma el cargo para cumplir con una serie de laudos y compromisos económicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación -ni más ni menos- ha ordenado atender.
Todo eso y más debería de tener un responsable y todo indica que nadie asumirá la culpa, aunque los ciudadanos sufrirán -de muchas formas- las consecuencias.
