Aunque se ha culpado del fracaso de la medida a los ocho municipios incluidos en la llamada Alerta de Género, lo cierto es que los recursos y la infraestructura necesaria para imponer mejores condiciones de seguridad para las mujeres están bajo el control del gobierno estatal y no de los municipios, por lo que puede considerarse residual la incidencia que pueden tener en el tema que nos ocupa.
Por supuesto, los ayuntamientos involucrados deben de hacer lo que les ordena la autoridad, pero se requiere una amplia coordinación a fin de que se detenga el imparable goteo de muertes de mujeres.
Y también deben terminarse las desafortunadas declaraciones que culpan a las víctimas de su negro destino debido a las actividades que realizaban, cuando en ningún lugar civilizado podrá arrebatarse la vida de un individuo con tanta facilidad e impunidad.
