Es evidente que -de probarse- los funcionarios municipales denunciados por las síndicas de Amacuzac y Zacualpan de Amilpas incurrieron en delitos. También es igual de evidentes que esos "servidores públicos no tienen fuero constitucional que los proteja de sus excesos y en teoría basta con una denuncia ante la Fiscalía para que se proceda en su contra.
Pero llama la atención que aún en su calidad de síndicas -cargo por el que son las representantes legales de sus ayuntamientos- las mujeres que denuncian sean incapaces de acudir a la autoridad correspondiente para frenar el acoso de que son víctimas.
Una denuncia mediática como la de ayer no frenará las actitudes machistas de sus acosadores, que en cambio se deben enfrentar a la maquinaria de la justicia.
Si sus conductas se prueban ante un juez, recibirán una sentencia condenatoria que incluso los puede dejar fuera de los cargos desde los que hoy presumen su poder.
