Ya son dos los alcaldes morelenses destituidos por incumplir sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy llamado Tribunal de Justicia Administrativa) en cuanto al pago de indemnizaciones a personal despedido de los ayuntamientos.
Los laudos corresponden en ambos casos a conflictos desatados en administraciones pasadas y no en la que encabezaron los destituidos. Los que originaron los problemas lograron evadir cualquier sanción.
Claro, los munícipes separados de sus cargos no son víctimas inocentes, porque también propiciaron en su gestión actos igual de reprobables y que también serán heredados a las próximas administraciones.
Y el mismo escenario se repite para la mayor parte de las alcaldías, en un proceso que se ha convertido en un círculo vicioso que no se rompe por ningún lado, por falta de voluntad política.
Seguramente en lo que resta del año veremos la caída de más presidentes municipales, con el riesgo que eso representa para la gobernabilidad.
