La falta de ética en muchas de las actuaciones de quienes desempeñan cargos públicos hace que los ciudadanos desconfíen de cualquier nueva iniciativa. Eso probablemente ha pasado con el proyecto de construir una nueva sede para el Poder Legislativo en un terreno cuya compra había sido revocada cuando se descubrió que encerraba un sobreprecio inexplicable.
Ahora se informa que ese predio finalmente sí se adquirió –pese a las afirmaciones oficiales en contrario–, lo que en principio implica responsabilidades y posibles delitos.
Si existe una explicación razonable, será difícil de entender y más de aceptar, porque va en contra de lo que se declaró y carecerá de lógica.
