Por la falta de credibilidad de las autoridades, ahora no se tiene la certeza de que la nueva intervención oficial en un albergue privado fue una acción para dar seguridad a los menores de edad que allí se encontraban alojados, o la consumación de una venganza personal.
Luego de que el lugar operó con aparente normalidad y que incluso fue objeto de reconocimientos por parte del DIF estatal, ahora causa extrañeza la beligerancia que sufre.
La utilización de la nómina oficial para colocar a infinidad de familiares y amigos en puestos clave hace desconfiar aún más de la imparcialidad de las instituciones.
Como es costumbre en Morelos, quizá hasta que la justicia federal termine por dar la razón a una u otra parte es cuando se tendrá la certeza de lo que ocurrió.
Por lo pronto, la idea de represalia flota en el ambiente, ya que conforme a lo que se ha visto en los últimos años, lo que sigue será el intento de encarcelar a la administradora del albergue, como se intuye en el texto del boletín oficial sobre el caso, que a la letra dice:"Lourdes Fuentes, responsable del albergue, al momento está desaparecida, ya que se solicitó para llevar a cabo la acción legal, sin embargo no se presentó y por ello se le notificará al juez del primer distrito, y sea dicha instancia quien determine su situación legal".
