Atemorizar con señalamientos, injurias y difamaciones a sus opositores ha sido la estrategia que el último año utiliza el gobierno estatal en contra de sus detractores, pero no la única. La amenaza de cárcel es el arma más fuerte con la que han disuadido numerosas acciones de oposición.
Sin embargo, las características del sistema de justicia vigente han permitido exhibir lo endeble de las acusaciones y la utilización de las instituciones para la persecución de los enemigos.
Tal cosa ocurrió con el alcalde de Tlaquiltenango -figura de por sí polémica y llena de claroscuros- que fue el único de los munícipes que llegó a utilizar recursos jurídicos para enfrentar el decreto que impuso el sistema policial del Mando Único.
El presidente municipal fue acusado de despojo y otros delitos como represalia, de los cuales ayer fue absuelto, porque no se encontraron elementos para juzgarlo.
La beligerante reacción del Ejecutivo estatal no corresponde con el cumplimiento de sus obligaciones. Sí así como persigue a los que le cuestionan persiguiera a los que han incurrido desde cargos públicos en actos de corrupción, la administración pública estaría saneada.
Mientras tanto, acciones como las solicitud de juicio político o el reclamo para que se active la Ley de Participación Ciudadana avanzan inexorablemente, porque parecen disponer de más sustento.
