El reclamo de autonomía financiera al Poder Judicial constituye un enorme reto para la administración de las finanzas estatales del 2016, debido a que las reducciones presupuestales impuestas por el gobierno federal coinciden con diversas necesidades, el pago de la deuda y otros factores adversos.
Será un buen componedor el que logre -si alguien lo consigue- cuadrar el presupuesto para atender los reclamos financieros de todos los sectores que reclaman dinero público para ejercer sus actividades.
Es obvio considerar que habrá sacrificios y reconfiguración de dependencias gubernamentales como mecanismo para lograr disponibilidad de recursos.
Pero algo tan evidente debe hacerse con aquello que ha demostrado plenamente su inutilidad y no algo al vapor.
