La llamada reforma educativa muestra cada vez más su rostro más auténtico: la maquinaria burocrática comienza a eliminar a todos aquellos profesores que se oponen a ser evaluados. Las protestas del gremio, tan combativas, no impidieron que los incluidos en el primer proceso de evaluación evadieran la convocatoria.
Hoy se comprueba que, conforme a la ley vigente, serán excluidos de sus plazas todos aquellos trabajadores que se nieguen a someterse a los exámenes implementados por la autoridad educativa.
Las nuevas armas jurídicas que tienen los responsables de la enseñanza pública deben utilizarse para mejorar la educación y no con fines punitivos contra los opositores.
De otra manera en lugar de encauzar adecuadamente las muestras de inconformidad las avivarán y eso afectará todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
