La discrecionalidad que se han otorgado muchos funcionarios públicos en el manejo de los recursos que les fueron asignados rayan la burla. Colocar a los amigos es la norma, mientras los hombres y mujeres con la capacidad y experiencia para desempeñar las funciones quedan excluidos por el hecho de no pertenecer a un partido o a un determinado circulo de amistades.
Parte del cambio que debería realizarse para que la ciudadanía recupere sus instituciones implica frenar la asignación discrecionalidad de cargos públicos y cambiarlo por concursos de méritos que sean auditables.
Nombrar a dedo tiene un doble costo social: primero, lo relacionado con la nómina que deben pagar los contribuyentes; segundo, el daño que gente sin experiencia causa al interés público.
Las cosas deben cambiar pero eso incluye sancionar a quienes se excedan en sus atribuciones y violen los procedimientos. Todo indica que ese es el caso de Vicente Loredo Méndez.
