Resulta preocupante que una institución dedicada a promover y salvaguardar los derechos de las mujeres destine sus recursos a tratar de justificar cifras en lugar de hacer su labor.
Es tan grave la muerte violenta de una mujer como de 600, pero el Instituto de la Mujer parece entender que su misión es otra y no la que le marca la ley.
Es obvio que hace falta mucho por hacer, pero lo que se requiere es la certeza de que se cumplen los programas públicos y no que se quiera dar esa falsa seguridad de cifras que (cualquiera que sea el número) demuestran carencias para garantizar una vida libre e violencia a la mujer y a los ciudadanos en general.
