Casi pasa desapercibida la noticia de que la presidenta municipal de Puente de Ixtla permaneció 72 horas en arresto domiciliario por incumplir disposiciones relativas al pago de laudos.
Lo que antes era excepcional -el arresto de autoridades- hoy es algo que no llama la atención, por su intrascendencia -nunca están propiamente tras las rejas, sino en un lugar que les resulte cómodo- porque la situación de incumplimiento de la ley es algo generalizado.
La impunidad que priva en muchas esferas sociales viene de la relativización de los delitos. Los crímenes de alto impacto hacen aparecer poca cosa situaciones que no deberían serlo.
Eso ha permitido olvidar a infinidad de infractores de la ley, que hoy pasean libremente -e incluso disfrutan abiertamente de los beneficios obtenidos con sus fechorías- mientras los ciudadanos se lamentan pero no actúan.
