Todo indica que el dinero (o la falta de él) se ha convertido en el factor decisivo para justificar muchos de los conflictos que ocurren en Morelos. Cada día se conoce de programas que no operan, de obras que no se realizan o que ni siquiera comienzan o de servicios que dejan de prestarse debido a que carecen de recursos que ya habían sido presupuestados.
Eso último significa que ya habían sido previstos y tramitados y sin embargo hoy no existen. Lo mismo para cumplir con la ley que sustituye las cuotas escolares o para concluir un número no precisado de obras públicas, o para pagar a proveedores de todo tipo, el dinero no aparece, lo que repercute en toda la sociedad y en casi todos los rubros del gasto gubernamental.
Pero en ese tipo de escenario es fácil deducir que se configuran responsabilidades, las que, sin embargo, ni siquiera han sido planteadas, en detrimento de los muchos afectados.
