Ayer, dos grupos opuestos se atribuyeron -una vez más- el derecho a determinar quién puedo circular libremente en Cuernavaca y quién no: Por la mañana, el Nuevo Grupo Sindical (NGS) envío a sus taxistas afiliados a cerrar el paso en la avenida Morelos, para exigir que los comerciantes afiliados a la misma agrupación obtengan el mismo de derecho que las indígenas que venden sus artesanías en el primer cuadro.
Quizá lo único que lograron es que a las mujeres no se les permitiera vender como se había pactado, pero también decidieron que decenas de miles de ciudadanos no llegaran a tiempo a su destino.
Por la tarde, los integrantes del Movimiento Magisterial de Bases, que luchan contra el gobierno federal por la aplicación de la reforma educativa, decidieron que los ciudadanos deberían ser castigados y cerraron la autopista México-Acapulco a la altura del libramiento.
En los dos casos, los ciudadanos son ajenos a lo que los grupos reclaman, pero aún así fueran las víctimas obligadas de quienes exigen el respeto a sus derechos.
Las autoridades de los tres niveles deberían atender los reclamos con prontitud, pero los que protestan deben considerar que ellos mismos son parte de la sociedad a la que tanto afectan con sus movilizaciones y que tarde o temprano resultarán afectados por las situaciones que propician.
