Aunque las alcaldías que pudieran sufrir afectaciones tienen tiempo de aportar sus argumentos, lo cierto es que ha entrado en vigor la reforma constitucional que reduce los requisitos necesarios para que una comunidad se erija en municipio si demuestra su raíz cultural indígena.
Eso obliga a pensar en la creación de un escenario complementario que dé gobernabilidad y preserve las prácticas democráticas, a fin de que los futuros municipios no caigan en menos de los caciques que ya hoy controlan los recursos de sus comunidades y cierran el paso a cualquier representación diferente a la suya.
Más que una cuestión cultural, la vigencia de los llamados "usos y costumbres" fue una concesión de los gobiernos priistas a los grupos que controlaban ciertas comunidades, por lo que nada bueno puede salir de allí si no se les obliga a adoptar una serie de disposiciones mínimas que garanticen los derechos de los gobernados por los futuros cabildos.
