Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) plantee que es una contribución de su organización transparentar sus ingresos, lo cierto es que se trata de una obligación legal y no ninguna concesión gratuita ni un gesto de buena voluntad.
Ese y otros organismo sindicales que reciben dinero proveniente de los recursos públicos han sido omisos ante sus agremiados, pero ahora es la ley lo que los obliga a dar cuentas.
No hay nada que agradecerles, por lo que bien harían en no exhibir conductas que vistas en el contexto adecuado resultan ofensivas.
