La falta de una difusión previa de los documentos que se someten a la aprobación del Congreso local genera desde hace lustros enormes sorpresas entre los destinatarios.
Tal es el caso de la comunidad universitaria, que recién se enteró de que la llamada reforma anticorrupción contiene medidas que afectan a la Universidad Autónoma del estado de Morelos.
Por supuesto que todo organismo y persona que administre recursos públicos debe estar sujeto a fiscalización, pero todo debe armonizarse correctamente, lo cuál parece no haber ocurrido.
Hace falta más transparencia en las acciones del Poder Legislativo a fin de evitar afectaciones o usos inadecuados de los ordenamientos que se aprueben o reformen.
