Es notoria y creciente la presión social para esclarecer el supuesto desvío de recursos -se citan cifras que van de los 80 a los 200 millones de pesos- del Congreso local que se le atribuye a Francisco Moreno Merino, el legislador obligado a renunciar la semana pasada a la presidencia de la mesa directiva.
El Poder Legislativo se ha quedado sin recursos económicos por causas no lo suficientemente explicadas, pero que se intuyen tienen su origen en la gestión de las finanzas en el periodo del recién defenestrado.
Los diputados tendrían que ser los primeros interesados, pues su operatividad se ha visto gravemente afectada, al grado de que peligra la permanencia en nómina de sus colaboradores.
El tema es de tal importancia que lo asumió como compromiso el dirigente nacional del PRI, partido al que pertenece el multicitado Moreno Merino.
Conforme los daños por la desaparición de una parte del presupuesto se extienda a más sectores sociales (especialmente por el alcance de los despidos) el malestar de la ciudadanía crecerá.
