Si algo resalta en las denuncias públicas hechas por los alcaldes que recientemente asumieron funciones son los daños hechos por sus antecesores al patrimonio municipal, ya sea a instalaciones, vehículos, mobiliario, materiales o dinero.
Con todo ello, a quienes se daña realmente es a los habitantes, pues es a ellos a quienes se prestan los servicios y para quienes se trata de mantener un nivel mínimamente funcional en la operatividad de cualquier municipio.
Provocar un daño patrimonial al nivel del gobierno más cercano a la gente, como lo es el municipal, muestra la vileza de los responsables. Pretender cobrar factura así a quienes por la vía electoral les arrebataron ese espacio de poder, no es el camino, pues lo que se compromete realmente es el poco bienestar que tiene la gente.
