Por enésima vez, el futuro de grandes sectores de la población de Morelos está en manos del Poder Judicial de la Federación.
Lo mismo la Ley de Movilidad y Transporte y la reforma a la Ley del Instituto de Crédito han sido cuestionadas por grandes grupos sociales, con protestas de sobra conocidas.
Pero finalmente serán los tribunales federales los que resuelvan a favor de una de las partes.
La judicialización de la vida de Morelos se ha convertido, desde hace 20 años, en una rutina que sustituye el trabajo a profundidad de quienes tienen el deber de legislar.
Eso, obviamente, no está bien. Construir leyes duraderas, racionales y justas debe ser la contraparte a la actitud actual, de proponer cambios y reformas sin ton ni son y, lo peor, sin meditar el daño que pueden provocar.
