Con motivo de la redistritación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, los quince diputados que controlan el Congreso preparan una reforma electoral que incluirá -entre otras cosas- aumentar el número de diputados locales.
Sin embargo, la forma facciosa en que legisladores que controlan el Congreso han actuado en lo que va del año augura que esa reforma -que se logrará con la complicidad de quienes ponen su voto interesado hasta reunir los quince sufragios que ahora tienen- incluirá temas que dañarán a la sociedad morelense, porque hasta ahora solo eso han hecho.
El problema es que una reforma electoral tiene repercusiones que se prolongan en el tiempo y que darán beneficios especiales a unos cuantos -algo que la Constitución prohíbe, pero que seguramente harán- mientras una mayoría paga por esas decisiones.
Quien considere ese planteamiento exagerado solo debe revisar los presupuestos de ingresos y egresos del 2023, para que confirme cómo los diputados que manejan tendenciosamente a sus homólogos usaron los recursos públicos para beneficiar a sus parientes en dos alcaldías mientras dejan a más de la mitad de municipios sin recursos para obras de infraestructura.
