Se ha proclamado que el anunciado rescate financiero de los municipios tiene como finalidad principal cubrir los adeudos laborales acumulados en la mayoría de los Ayuntamientos y que han llegado a una etapa procesal en que ponen en riesgo la permanencia de quienes fueron electos por la voluntad popular, tal y como ya ocurrió a finales del trienio anterior.
Sin embargo, la legislación que permita financiar esas y otras deudas debe ser lo suficientemente clara para evitar que los actuales ediles incurran en las mismas prácticas de sus antecesores.
De hecho, muchos alcaldes llegaron a despedir masivamente, pero no como plan de ahorro sino para colocar a gente con la que tienen compromisos contraídos en el proceso electoral.
La deuda de los municipios ha crecido descontroladamente, y junto con los altos ingresos de los integrantes de los cabildos impide la prestación adecuada de los servicios públicos. Ni hablar de la obra pública, que es escasa, cara y de mala calidad por el pretexto de que no hay recursos.
