Los conflictos derivados de la aplicación de la llamada reforma educativa deben constituir una seria amenaza para la autoridad del ramo, porque no hay otra forma de entender la flexibilidad que se aplica ahora en el procedimiento para la evaluación de los docentes.
El plazo que se fijó para demostrar su actividad mediante un registro en la base de datos que la secretaría de Educación Pública creó ex profeso se ha extendido. Algunas condiciones para la evaluación se ha modificado y en general eso ha terminado por alentar las protestas contra el procedimiento, porque en esencia parecen tener éxito.
Todo lo anterior puede terminar por dar la razón a quienes reclaman que la reforma educativa en realidad es una reforma laboral y que no se persiguen los fines sociales que se dijo, sino otros más perversos y que en nada beneficiarán a los estudiantes.
