Pese a que es un sistema federal que sólo debería armonizarse con las leyes locales para su cumplimiento obligatorio, el gobierno del estado de Morelos consumó una nueva burla a la sociedad al hacer aprobar de dientes para afuera, con bombos y platillos, el pomposamente llamado sistema estatal anticorrupción.
La primera burla fue nombrar como fiscal del área a un subordinado del gobernador, para cuidar los actos de corrupción en las que pudiera incurrir su jefe y protector.
Eso ya sonaba a gran afrenta social, pero no fue suficiente: sólo bastó con que a todo ese entramado jurídico que pone a Morelos en cumplimiento de los ordenamientos federales no se le asignara presupuesto para completar la gigantesca burla.
Quien debe cuidarle las manos al Poder Ejecutivo simplemente no ejerce sus funciones porque al parecer no hay dinero ni para pagarle un sueldo, mucho menos el de los que deben hacer el trabajo de supervisión.
Los gritos de transparencia y honestidad que lanza a todos los puntos del horizonte el gobierno estatal se estrellan contra la terrible realidad, que tarde o temprano terminará por arrinconar a los promotores de la impunidad y el abuso desde el poder.
