Mil 300 solicitudes de jubilación son una cifra que seguramente tendrá un fuerte impacto en las finanzas estatales y municipales, sobre todo por la brusquedad con la que deberán aprobarse debido tiempo que se ha dejado pasar para completar el procedimiento.
La responsabilidad del retraso es atribuible a la legislatura anterior, principalmente.
La jubilación es un derecho que debe concederse a aquellos que han cumplido con los requisitos.
Varios de los afectados por la dilación han acudido a la justicia federal para tratar de finalizar el trámite y disfrutar de la prestación.
Ya sea coerción o por convicción, pero la aprobación de las pensiones, que criminalmente se pospusieron, obligará a una redistribución de los recursos públicos y aún de la plantilla de personal, porque seguramente muchas plazas de quienes se jubilan o pensiones ya no serán ocupadas.
