Los propietarios de bares y discotecas en Cuernavaca han sido enemigos implacables del alcoholímetro y gracias a su capacidad de presión han retrasado por años la adopción de esa medida, con el pretexto de que daña la actividad turística.
Sin embargo, el alcoholímetro -una prueba obligatoria por ley pero poco aplicada- no busca limitar el consumo de bebidas embriagantes, sino que ningún conductor maneje con sus sentidos alterados por esa droga permitida socialmente.
Los costos sociales de la ingesta de alcohol es demasiado elevada en su relación con los accidentes de tránsito, por lo que urge frenarla.
Impedir que los conductores de vehículos se emborrachen no implica una "ley seca" ni mucho menos. Esa exitosa resistencia de los empresarios del ramo le ha costado ya demasiado cara a la entidad.
