Los resultados de la auditoría realizada en torno al crédito de dos mil 806 millones de pesos aprobados por el Congreso al gobierno estatal no causaron sorpresa alguna, ni siquiera porque eso permitió desactivar el juicio político. No se podía esperar algo diferente cuando ya se habían colocado todos los candados a fin de que los números fueran acomodados acorde las necesidades gubernamentales.