Desde antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública los gobierno en turno buscaron hacerla inefectiva. Simplemente, el primer gobierno panista colocó un precio de 300 pesos por cada copia impresa de algún documento solicitado, por lo que en la práctica era incosteable para cualquier ciudadano reunir miles de pesos para tener acceso a algún expediente de interés. La obligación de hacer públicas las cuentas de los entes oficiales no ha sido del agrado de los políticos, por lo qu...