El Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), el Impuesto Pro-UAEM, el Impuesto Pro-Industria y los tributos adicionales ligados al cobro del impuesto predial, y los relativos a los servicios de infraestructura equivalentes al 25% son tributos locales que están en riesgo porque su constitucionalidad ha sido cuestionada ante el Poder Judicial de la Federación.
Más de medio millar de compradores de inmuebles han iniciado procedimientos para dejar sin efecto su cobro, lo que pone en riesgo una parte de los ingresos locales del gobierno estatal y de los municipios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que resolverá el fondo de los juicios de garantías y de allí se despejará la incógnita de si serán siendo aplicados o no.
Las autoridades afectadas deberían aportar razones de peso a los ministros del Poder Judicial a efecto de que en el juicio final se cnsideren las razones que llevaron a establecer los tributos, pero también deben tomarse previsiones sobre la posibilidad de que se anulen, a fin de considerar y disminuir el posible impacto en las finanzas públicas.
