Pese a las afirmaciones directas del Fiscal General Rodrigo Dorantes Salgado en el sentido de que el Comisionado Estatal de Seguridad Alberto Capella realiza maniobras para intentar relevar del cargo al primero, el encargo de la prevención del delito asume una postura evasiva, sin considerar la gravedad de los señalamientos en su contra.
La encomienda de los dos personajes es difícil y tiene que ver con garantizar el orden institucional en Morelos, por lo que boicotear ese esfuerzo para satisfacer intereses personales o de grupo suena a traición.
Los primeros afectados por las consecuencias de conductas tan criticables son los ciudadanos. Por eso suena extraño que no se le ponga un freno a las egoístas maniobras que no tienen otra finalidad que alterar el equilibrio del poder a favor de un grupo.
Pero ese peligroso juego utiliza como objetivo a las instituciones. Ni más ni menos.
