Aunque en el fondo se trata de la armonización de una reforma constitucional federal, el proceso legislativo de éste día constituye una acción de suficiente trascendencia como para exigir que se hubiera socializado más, para que la ciudadanía conozca sus alcances y limitaciones.
La lucha del gobierno federal contra la corrupción implica la creación de nuevos órganos de control cuyos nombre se pueden ser novedosos pero no sus estructuras, porque contralorías existen desde los años 80 y leyes anticorrupción quizá desde antes, pero tan sin aplicación práctica que han permitido el saqueo cada vez más acelerado de los recursos públicos.
Es difícil creer que el mundo cambie con esa reforma, pero lo que sí es creíble es que las decenas de nuevos cargos que se crearán serán asignados con criterios partidistas, como hasta ahora, y no en términos de eficiencia o del simple cumplimiento de la ley.
El virtual secretismo con que todo eso se preparó no augura cosas buenas para la sociedad morelense.
