La evaluación educativa forma parte de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión sin que en su momento los principales afectados haya protestado. Lo hicieron cuando el proceso legislativo concluyó y ya se enfrentaban a hechos consumados.
Hoy emprenden jornadas de protesta intensas y desesperadas al agotarse los tiempos para hacer frente a las nuevas obligaciones. Es un evidente asunto gremial, pero la actividad de los docentes es de interés social y afecta a todo el país.
Sin embargo, una vez más han hecho de los ciudadanos sus rehenes. Sin tener ninguna responsabilidad en la reforma y mucho menos medios para modificarla, los docentes de escuelas públicas han asumido casi como obligación provocar daños a terceros.
Ayer de forma innecesaria cerraron momentáneamente el libramiento de la autopista. Su lucha, para tener éxito, necesita el respaldo social, pero esa sociedad a la que tanto necesitan es la primera que afectan, mientras los responsables de la reforma ni sudan ni se acongojan.
