Esperemos que por el parentesco, finalmente el gobernador Graco Ramírez escuche a su sobrino el fiscal general del estado Javier Sánchez Durón, el funcionario que confirmó la situación de dos policías del Mando Único acusados de pretender asesinar al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós, así como de secuestros y otros delitos, incluidos señalamientos de haber participado en la muerte de Gisela Mota Ocampo en Temixco.
Las condiciones de seguridad en Morelos están lejos del mundo rosa que pinta el gobernador cada vez que tiene la oportunidad de hacer uso de la palabra en los eventos que tanto le gustan, aquellos donde no hay ciudadanos incómodos y sólo acuden aplaudidores.
Pero esa complacencia y el empeño en no escuchar a la población ha llevado a que no se corrijan todos los males que padece la entidad, empezando por la inseguridad y la desastrosa economía.
El asunto en que están implicados los policías detenidos rebasó los controles oficiales y fue imposible de esconder.
Sin embargo, al ciudadano común la noticia no le sorprende, por lo que serán infructuosos los intentos -que seguramente empezarán masivamente hoy- para decir que un proceso interno de depuración de malos elementos permitió al captura de los agentes antes citados.
