En días pasados en este mismo periódico, apareció una nota que señalaba el hecho de que las demandas laborales inhiben las inversiones en el estado; al efecto se leía la propuesta en el sentido de que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje debería existir un agente del Ministerio Público, que de manera inmediata conociera de los hechos constitutivos de delito.