Aunque se ha culpado del fracaso de la medida a los ocho municipios incluidos en la llamada Alerta de Género, lo cierto es que los recursos y la infraestructura necesaria para imponer mejores condiciones de seguridad para las mujeres están bajo el control del gobierno estatal y no de los municipios, por lo que puede considerarse residual la incidencia que pueden tener en el tema que nos ocupa.